15/9/09

EL PROYECTO DE LEY DE MEDIOS ES UNA OPORTUNIDAD HISTORICA


A raíz del envío del proyecto gubernamental de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a la Cámara de Diputados, se han podido ver muchos e interesantes debates al respecto entre legisladores y estudiosos del tema, lo cual resulta muy saludable. Debe recordarse que la Ley de Radiodifusión vigente -la 22.285- data de la dictadura y a esta altura es inadmisible que no se haya sancionado una nueva norma en estos 26 años de gobiernos constitucionales. Hubo varios proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en distintos momentos del período democrático pero los enormes intereses políticos y económicos en juego hicieron que no prosperaran.

Por lo tanto, la oportunidad que se abre ahora es histórica y no debe desaprovecharse. Esto significa que debe darse un debate amplio y profundo porque se trata de una ley esencial que nos involucra a todos. Es auspicioso que para elaborar este proyecto se hayan consultado a diversos sectores sociales, políticos y comunicacionales en todo el país y se hayan recogido sus aportes más importantes. Esa primera etapa fue cumplida satisfactoriamente.

En este momento, debemos posar nuestra atención en la segunda y decisiva etapa que consistirá en la discusión dentro de las comisiones correspondientes del Congreso y su posterior tratamiento en el recinto. La sociedad no puede darse el lujo de permanecer indiferente ante la cuestión ni dejarse engañar por las campañas contra la ley orquestadas por las corporaciones mediáticas o la defensa a ultranza de la misma por parte de los voceros oficialistas. En consecuencia, es imperioso que la gente se tome el trabajo de leer el proyecto para formarse una opinión por sí misma y no se someta a operaciones turbias, vinculadas a intereses económicos y políticos, que terminan tergiversando el tema y confundiendo a la población.

Como todo proyecto, contiene elementos rescatables y otros controvertidos. La intención de limitar la concentración de medios es positivo así como el ingreso al espectro de organizaciones sin fines de lucro, universidades o sindicatos. Es discutible, en cambio, la integración y las funciones de la autoridad de aplicación. Pero cualquier aspecto que no logre consenso se puede modificar y mejorar, no significa que se deba rechazar la ley de plano como hacen algunos sectores de acuerdo a su conveniencia.

Ojalá que la norma se debata profusamente en el Congreso. Una ley de esta relevancia no se puede aprobar con apresuramiento, sino que debe analizarse minuciosamente, desmenuzarla hasta en sus mínimos detalles para que el producto final establezca una equidad en el acceso a la comunicación, esto es, que todos los sectores de la sociedad tengan las mismas posibilidades para expresarse.